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La Cámara confirmó el porcesamiento de encubridores

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Luis Ernesto Vicat, Marta Nélida Parascándalo y Federico Guillermo Domínguez por coacción, en el marco de la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Si bien Parascándalo, Vicat y Domínguez no están imputados en el juicio que se está desarrollando en la actualidad ante el TOF 2, continuarán siendo investigados por el juez Ariel Lijo a partir de esta resolución. Los ex policías Diego Barreda, Bautista Huici, Claudio Araya y Alejandro Burguete, fueron detenidos en 1996 y puestos a disposición del ex juez Juan José Galeano, lo que dio inicio a las conductas que, coordinadamente desplegaron Domínguez, como defensor de Huici; Parascándalo, como abogada de Burguete; y Vicat como jefe del área especial de investigación del atentado a la Sede de la AMIA. Los tres están procesados por coaccionar a los policías que se encontraban detenidos para que declararan falsamente e inculparan a Juan José Ribelli y otros policías, funcionales al plan de desvío de la investigación. Estas presiones vienen siendo denunciadas por varios de los ex policías que declararon como testigos en el juicio por encubrimiento. De la resolución se desprende además, la importancia de contextualizar las conductas ilegales de los procesados dentro de una maniobra global de encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, coordinada entre estos imputados y quienes están actualmente siendo juzgados en el juicio oral por irregularidades. Otros dos sospechados de participar en el encubrimiento, el ex inspector de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense, Aldo Andrés Spicacci Citarella y el ex comisario Miguel Ángel Márquezo, quedarán afuera de la investigación, según este dictamen de la Sala I, que ordenó hacer lugar al planteo de las defensas y dar curso al trámite de prescripción.

Memoria Activa se reunió con Mario Cimadevilla

En la tarde del 30 de marzo de 2015 se llevó a cabo una reunión con el secretario de investigación AMIA, Mario Cimadevilla y sus asesores Adolfo Athos Aguiar y Laura Pérez Membrade. En la misma se planteó la urgente necesidad de dar cumplimiento al decreto 812 de 2005, aún pendiente pese a los años transcurridos, compromiso que asumió el ministro de justicia y derechos humanos, Germán Garavano en enero pasado. Específicamente, se reiteró el pedido de agilizar del análisis y digitalización de los archivos desclasificados relativos al caso AMIA y se pidió el traslado de la totalidad de los mismos al Archivo Nacional de la Memoria, espacio apropiado para su conservación y resguardo. Se solicitó a su vez, se trabaje en el plan de contingencia anticatastrofes a nivel nacional; se digitalicen los archivos migratorios; y se haga efectivo del pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas y los gastos y costas que adeuda el Estado desde hace once años. Respecto a quién será el interlocutor representante del Estado en la causa ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, manifestaron que lo decidirán a partir de una reunión futura con la canciller Susana Malcorra. A su vez, volvimos a expresar nuestra oposición a la realización de un juicio en ausencia en la causa AMIA. Finalmente se planteó como fundamental, el compromiso que asumió el Estado, y aún no ha cumplido, de brindarle justicia y verdad a las víctimas del atentado.