MEMORIA ACTIVA


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Discurso de Rubén Beraja – 7/7/1997

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Con la responsabilidad que me confiere el cargo que invisto, vengo a este acto a reiterar nuestro homenaje a todas y cada uno de las víctimas caídas en las masacres de la calle Arroyo y la calle Pasteur. Y a afianzar nuestro compromiso con la lucha que desde todos los frentes en distintos foros nacionales e internacionales, instituciones como Memoria Activa y muchas otras, vienen desarrollando para mantener viva la memoria de la sociedad. Una demanda que no sólo ya reclama el cese de la impunidad sino la toma de decisiones concretas para remover a aquellos que en forma encubierta, disimulada o a veces explícita, han ido perjudicando y trabando el avance de la investigación.

No venimos en tren demagógico a reclamar como si fuera una situación que inevitablemente se puede lograr. sabemos que hay muchos crímenes que tardan tiempo en ser descubiertos. Pero también sabemos que hay una obligación primera a todo esclarecimiento y esa obligación se llama la obligación de trabajar seriamente, coherentemente con todo el peso del Estado, con toda la fuerza de las instituciones para que efectivamente se llegue a esa posibilidad de esclarecimiento.

Cuando fracasa, cuando no existe una cuota de trabajo seria y orientada efectivamente al esclarecimiento, hay motivos y razones para denunciar que hay protagonistas fundamentales en distintos sectores del aparato estatal, tanto administrativo como judicial, que se han encargado de obstruir el avance de la investigación. Y hoy podemos decir que tenemos un registro prolijo de nombres y apellidos de aquellos que a lo largo de estos años han venido efectivamente obstruyendo, trabando, distrayendo, perjudicando el avance de esta investigación. Nombres y apellidos que vamos a ir recopilando para ser presentados en forma judicial para que efectivamente podamos limpiar el aparato estatal de aquellos que están justamente, no para hacer que la ley se cumpla sino para obstruir su vigencia.

Y en ese mismo análisis queremos destacar que ya no puede disimularse más la falta de concepto apropiado para llevar adelante la investigación.

¿Cómo pueden investigarse en forma absolutamente separada, sin contactos sin integración, dos crímenes que pertenecen a una misma mano, que pertenecen a un mismo modus operandi, que pertenecen a un mismo objetivo? ¿En qué país? ¿En qué manual de seguridad? ¿En qué manual de investigación? En qué manual de procedimientos judiciales puede concebirse una duplicación de esfuerzos,  que no solamente no tienen contactos directos para saber qué elementos pueden apoyar uno al otro, sino, como a menudo como ha sucedido, uno sirve para trabar al otro.

Porque nosotros durante mucho tiempo mantuvimos una distancia prudente porque no éramos parte querellante en forma directa. Pero no podemos disimular que un atentado y otro están vinculados. Y que no avanzar en la investigación de la embajada es trabar el esclarecimiento del de la AMIA. Porque justamente en el primero puede haber huellas fundamentales para ayudar a acelerar la investigación del segundo.

Y cómo justificar esta obstinación de algunos protagonistas, que llevados a nuestro modo de ver, ahora por prejuicios, por preconceptos, por posiciones personales que no tienen que ver con los intereses de la sociedad, han venido trabando, un largo año discutiendo dónde estalló la bomba en el caso de la embajada. Un año de discusiones y polémicas por un tema que fue en su momento verificado por el propio presidente de la Corte Suprema en una diligencia de constatación en el mismo edificio donde verificó el estado del mismo y la conservación de elementos que no podían haberse mantenido intactos si hubiera habido una bomba adentro. Pero nosotros hoy podemos decir que efectivamente la bomba estalló adentro. Adentro de la Argentina. Las bombas estallaron adentro de la Argentina. Y eso es lo que deben comprender los funcionarios. Eso es lo que deben comprender los magistrados. Y eso es lo que debe comprenderse cuando reclamamos. No estamos haciendo un reclamo sectorial. Estamos pidiendo por lo mínimo. Estamos pidiendo por el derecho a sentirnos amparados por la ley. Y por el derecho de sentir, que quienes tienen que aplicarla la apliquen sin cálculos mezquinos, sin hipótesis descabelladas, y sin caprichos personales que no tienen nada que ver con la estricta aplicación del derecho y con la defensa de los intereses de los particulares.

En el mismo tono, creemos que ha llegado la hora para que se sancione definitivamente la ley del arrepentido. Creemos que no hay razones ya para postergar la inmediata sanción de esta ley a la cual le hemos dado nuestro apoyo en todo lo que implicaba limitar un avance o una amenaza a los derechos individuales, a los derechos humanos y a las libertades cívicas. Pero creemos que estas demoras que se van viviendo al compás de las luchas políticas intestinas, implican también un desprecio a la memoria de cada una de las víctimas.

Y también reclamamos, como lo hicimos desde la primera hora, para que no se politice en ningún caso la investigación que estamos reclamando.

Nosotros creemos que en el árido campo de la lucha política nacional hay causas, como esta que nos convoca hoy, y como la de Cabezas, y como la de muchas otras víctimas de este crecimiento de la violencia en el país, deben ser preservadas con dignidad por aquellos que quieren recibir el respeto de la ciudadanía.

Nosotros creemos, en ese marco, que la unidad de los que tenemos un compromiso con la democracia, un compromiso con las libertades públicas, nos lleva ahora a mucho más que reclamar basta de impunidad. Queremos que aquellos que están imputados de responsabilidades claras, por omisión, por obstrucción, por distracción, sean denunciados y sean removidos claramente de sus funciones. Porque ya no alcanza con reclamar genéricamente basta de impunidad. Basta de complicidades, Basta de obstrucciones solapadas. Y basta de distraernos, de aniversario en aniversario, porque el dolor no reconoce calendarios El dolor no reconoce ningún tipo de distracción. Y creemos que el país todo está expectante para que el valor justicia recupere el valor que la Argentina se merece, si pretende ser una democracia consolidada y un estado de derecho respetado en el mundo.

Ojalá esta acción, que refleja la decisión de la comunidad judía argentina, de moverse unida  y mancomunada, sea respondida por toda la sociedad argentina. Y en ese contexto invitamos a reforzar la movilización de particulares e instituciones comprometidos con la libertad, con la justicia, con los derechos humanos, para que actos como los que nos convocan hoy, recordaciones como las que nos convoquen en estos días, movilicen a todos para definitivamente instaurar en la argentina una justicia que se aplique en forma clara, en tiempo oportuno y en función de los objetivos y los derechos de la ciudadanía.