MEMORIA ACTIVA


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COMUNICADO DE MEMORIA ACTIVA Y EL CELS

Sistema de Inteligencia: El Estado se niega a dar información sobre la regulación de los fondos y desconoce los compromisos internacionales con las víctimas del atentado a la AMIA

El 18 de mayo solicitamos a la Jefatura de Gabinete de Ministros que nos informe sobre la derogación, a través del decreto 656/16, del régimen de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que regulaba el registro del uso de los fondos reservados para permitir el control de los gastos y las actividades.

Recibimos una nota, con fecha del 11 de julio, firmada por Gustavo Arribas, director general de AFI. El texto no responde si se sancionó un nuevo régimen de fondos, ni qué procedimientos administrativos remplazaron a los anteriores, ni cuáles serán las políticas para transparentar las actividades de inteligencia, ni cómo se cumplirá con el decreto 812/05. En cambio, aporta la valoración del director de la AFI sobre los mecanismos que, supuestamente, cumplen “los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo”.

La respuesta no es del responsable político del sistema de inteligencia, ni de quienes firmaron el decreto que derogó el régimen de control de los fondos, sino de la persona cuya gestión ellos deben dirigir y controlar. De esta manera, el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en representación del Poder Ejecutivo, afirma que no es necesario hacer público cuál es el actual sistema de registración de fondos reservados ni cómo funciona e invoca una cuestión de fe. Esta respuesta parece considerar que las normas generales de regulación del sistema de inteligencia deben ser clasificadas como secretas. Justamente este es el enfoque que impide que el sistema de inteligencia avance hacia mayores niveles de transparencia y control.

En paralelo, el Estado argentino en su presentación por escrito en la evaluación periódica del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “Informe caso AMIA Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”  tuvo una posición contraria.

En este documento, el Estado afirma que el régimen de fondos derogado por el decreto 656/16 “establecía una forma de rendición de los gastos reservados a través de actas especiales respaldatorias en las que constarán las facturas o recibos de los correspondientes gastos o declaración jurada del responsable del gasto en virtud de la tarea asignada. A través de este mecanismo se buscó evitar que los fondos reservados se utilicen para pagos que pueden considerarse ilegales. La Agencia de Inteligencia afirma que se está trabajando en un sistema de rendición de gastos y conservación de documentación relativa a los gastos. Hasta tanto no se implemente dicho sistema podría considerarse la existencia de un retroceso en lo que respecta a la transparencia de utilización de fondos reservados.”

En tanto la respuesta de la AFI no se refiere a ninguna normativa concreta vigente, ni a la necesidad de restablecer un régimen como el derogado y pretende mantener la reserva de estos circuitos, la regresión está materializada.

Al mismo tiempo, en el informe presentado al Comité de Derechos Humanos, el Estado afirma que desde “el punto de vista técnico jurídico, no hay un compromiso internacional ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos por parte del estado de realizar los cambios en el área de inteligencia, sino la voluntad de avanzar en una agenda para alcanzar un acuerdo de solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.”

Estas afirmaciones interpretan de manera errónea tanto las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención Americana de Derechos Humanos como el deber de reparación que surge del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos denunciados por Memoria Activa con patrocinio del CELS.

Luego del reconocimiento de responsabilidad internacional se acordaron medidas de reparación plasmadas en el Acta que se firmó en la CIDH el 4 de marzo de 2005.  El 12 de julio de ese año, el Estado Nacional formalizó en el decreto 812/05 el reconocimiento de responsabilidad y el Acta con las medidas de justicia y reparación acordadas. Este decreto está vigente.

La respuesta de Arribas a nuestra solicitud de información es un claro incumplimiento de una normativa interna y el Estado pretende justificarlo desconociendo la vigencia de los compromisos asumidos en el decreto, entre ellos el de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia” como medida de no repetición, luego de que se comprobara que el funcionamiento oscuro y sin control de los servicios de inteligencia explica en buena medida la impunidad del atentado más grave del que fue víctima la sociedad argentina.

Por estos motivos, volvimos a enviar una nota al jefe de gabinete Marcos Peña para transmitirle estas preocupaciones y mantuvimos una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

Dentro de una semana se cumplen 22 años del asesinato impune de las víctimas del atentado a la AMIA. Sus familiares continúan sufriendo el incumplimiento de los sucesivos gobiernos de los compromisos que fueron asumidos hace 11 años.

Queremos verdad, queremos justicia y exigimos el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el Estado argentino.