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Preocupación por las implicancias de la reforma del MPF

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Carta de Memoria Activa a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación:
Nos dirigimos a los Sres. Diputados de la Nación a fin de manifestarles nuestra profunda preocupación por las implicancias que podría tener en la investigación del atentado a la AMIA y su encubrimiento, la aprobación del proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (LOMPF).

El dictamen firmado el pasado 18 de octubre en la reunión plenaria de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda promueve modificaciones en la LOMPF que perjudicarán, sin lugar a dudas, el funcionamiento de la Unidad Fiscal AMIA.
Una de esas modificaciones es la del artículo 32 de la LOMP, propuesto en el artículo 12 del proyecto de ley. Según se indica allí, sólo podrán estar a cargo de las Unidades Fiscales Especiales, como la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (UFI), fiscales generales o fiscales con más de cinco (5) años de antigüedad en el cargo. Sólo uno de los actuales tres titulares de la UFI AMIA cumpliría con este requisito, y se trata precisamente de una fiscal que ha sido designada el año pasado jueza de un tribunal oral federal cuya constitución resultaría inminente. De esta manera, de aprobarse la iniciativa, conforme al dictamen de comisión, los fiscales Roberto Salum y Leonardo Filipini serían apartados del cargo de cotitulares de la Unidad, por lo que ésta quedaría nuevamente acéfala. Dicha situación impactaría, obviamente, de manera negativa en el funcionamiento de la UFI AMIA y, en particular, en el desarrollo del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA que se lleva a cabo actualmente con la participación protagónica de esa unidad fiscal.
Además, la exigencia de 5 años de antigüedad para ser titular de la UFI AMIA resulta absolutamente arbitraria. A lo largo de 22 años, han cumplido funciones en el marco de la investigación del atentado a la AMIA y su encubrimiento, varios fiscales con muchos años de trayectoria que desarrollaron una tarea vergonzosa. Lamentablemente hemos podido constatar que la antigüedad en el cargo de fiscal no resulta un requisito necesario y suficiente para conducir exitosamente la investigación del atentado.
Desde que asumieron sus funciones, los actuales titulares de la UFI AMIA han desarrollado una tarea seria en pos de ordenar el trabajo de la Unidad, tornarla más eficiente y generar una relación más fluida y transparente con las víctimas.
En poco tiempo han podido alcanzar resultados tangibles y meritorios (por ejemplo, se logró -después de 22 años- la identificación de una víctima y se encontró información relevante para individualizar a uno de los imputados por el atentado). Truncar o entorpecer de cualquier manera esta gestión, resultaría un enorme e injustificable retroceso
Como ya lo expresamos en otras oportunidades, la UFI AMIA debe ser conducida por fiscales idóneos, independientes (en el sentido más amplio de la expresión) y de una conducta moral intachable. Los actuales titulares de la Unidad han dado muestras, hasta el momento, de cumplir con estos requisitos y la tarea que vienen desarrollando está a la altura de las expectativas que sus designaciones generaron.
Asimismo, el proyecto de ley contempla la creación de una “Procuraduría de Terrorismo” (art. 8) sin justificación alguna. Al respecto, un diputado oficialista explicó que “haber padecido dos atentados es razón suficiente para la creación” de una procuraduría de estas características. Si este fuera realmente el motivo de esta propuesta, debemos realizar las siguientes observaciones:
  1. La investigación del atentado terrorista a la embajada de Israel es competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, circunstancia que el proyecto en cuestión no va a modificar;
  2. La investigación del segundo atentado terrorista sufrido por nuestro país está a cargo de la UFI AMIA. Si se pretende en realidad que la nueva “Procuraduría de Terrorismo” asuma esta tarea, se confirmarían los peores pronósticos expuestos precedentemente, referidos a la pretensión de apartar a los actuales titulares de la UFI AMIA y truncar la valiosa actividad que vienen desplegando durante el último tiempo.
Cualquier decisión que adopte el Estado argentino que implique disolver o debilitar a la Unidad Fiscal o entorpecer su trabajo, constituiría un flagrante incumplimiento del compromiso asumido por el Estado en el marco del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2005, ratificado mediante el decreto 812 del 2005. Nos referimos concretamente al compromiso de “Profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial AMIA del MINISTERIO PÚBLICO” (sic). Semejante incumplimiento haría incurrir a nuestro país, inexcusablemente, en su responsabilidad internacional.
Si en cambio se planteara que esta “Procuraduría de Terrorismo” tendrá como objetivo la investigación de otros casos, no podemos dejar de señalar nuestra profunda preocupación como ciudadanos por el hecho de que se cree una nueva estructura en el ámbito del Ministerio Público Fiscal para fomentar la aplicación de la cuestionada ley antiterrorista, conforme lo han denunciado organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.
El compromiso de Memoria Activa sigue siendo la búsqueda de justicia y generar las condiciones para que no sea posible en nuestro país un nuevo atentado. Siempre procuramos que el Estado encarara una reforma profunda de la administración de justicia en nuestro país, en general, y de la justicia penal federal y el Ministerio Público Fiscal, en particular. También bregamos por una reforma profunda sobre las fuerzas de seguridad y de inteligencia, garantizando controles estrictos sobre su actuación.
La clase política en su conjunto debe asumir la responsabilidad de debatir con grandeza estos temas y consensuar una verdadera política de estado en la materia. Reformas estructurales como las que aborda el proyecto en análisis, requieren ineludiblemente un amplio nivel de consenso político y social. Procurar ese consenso, en el marco de un debate amplio y plural, es responsabilidad prioritaria del Gobierno Nacional, aunque no de manera exclusiva. Las fuerzas políticas de la oposición deben estar también a la altura de las circunstancias.
A más de veinte años del atentado a la AMIA, muy poco se ha logrado por verdad y justicia. La herida en vez de cerrarse se ha profundizado. Cada nueva oportunidad de producir reformas que se desperdicia consolida la infame situación de impunidad que padecemos y vigoriza la amarga frustración que lamentablemente nos producen las instituciones de nuestro país.