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Audiencia N°81 – 23/3/2017

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El ex prosecretario del juzgado, Claudio Lifschitz, continuó declarando hoy en el juicio por irregularidades en la causa AMIA y su testimonio seguirá el jueves a las 10.30.

El abandono de la “pista siria”
Sumado a su relato del lunes acerca del nulo análisis de las agendas del empresario sirio libanés -Alberto Kanoore Edul- donde aparecía el nombre del sospechado Mohsen Rabbani, Lifschitz contó que intentó profundizar la investigación acerca del primo de Kanoore Edul, Víctor Chabán, especialmente cuando surgió la pista de la Policía Bonaerense ya que Chabán era un agente de esa fuerza.

“Era un fundamentalista y en las escuchas telefónicas mencionaba tener diez gramos de C4, un explosivo que se consigue en Paraguay. También hacía comentarios antisemitas y se descubrieron mensajes cifrados por fax con partes del Corán”, dijo Lifschitz y agregó que por eso pidió en el juzgado secuestrar ese fax para conocer los mensajes. “Pero el secretario Velasco me dijo que no. Que nos íbamos a meter en un quilombo si, en su momento, había llamado el hermano del presidente”.

Ese llamado, explicó Lifschitz que le contaron los secretarios, se lo hizo Munir Menem a Galeano tras la detención a Kanoore Edul para presionarlo.

Otro encubrimiento
Lifschitz dio detalles sobre las causas paralelas que alojaba el juez Alberto Santamarina en su juzgado de Lomas de Zamora, de donde se desprendía información proveniente de escuchas telefónicas a iraníes de células dormidas realizadas con anterioridad al atentado.

Una de esas causas se había iniciado a partir del impedimento de salir del país a un iraní de nombre Kalil Gatea, vinculado al atentado pero estaba vacía. La otra causa, que contenía información, funcionaba como cobertura legal para las intervenciones telefónicas e infiltrados de Inteligencia. “Nada de esto se había enviado al juzgado de Galeano ni constaba en la causa”, aclaró el ex prosecretario.

“Cuando me entero de esto a través de Rodolfo Rigamonti, un inspector de aduana que denunció arreglos con iraníes para salir del país, le dije al juez que necesitábamos esa causa y que Rigamonti quería declarar”, recordó.

Sin embargo, Galeano nunca permitió ese testimonio ni el de otros inspectores relacionados a iraníes y le tuvo que pedir la causa de Santamarina directamente a la SIDE. “Por orden de Anzorreguy no se le podía pedir esa información a Santamarina por la vía judicial según me dijo Galeano”, explicó.

Reunión en la SIDE
Si bien con el testimonio de la semana pasada quedó clara la relación entre la querella de la DAIA y el juzgado, Lifschitz dio detalles de una reunión celebrada en la SIDE, edificio donde funcionaba la “sala patria”, el 17 de julio de 1997, a la cual concurrió el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, el ex juez, Hugo Anzorreguy, ex fiscales y personal de Inteligencia y del juzgado.

“Era para mostrar que estaban trabajando. Cuando terminó la reunión Anzorreguy habló con Carlos Menem y después le pasó el teléfono a Beraja”, recordó y dijo que la preocupación, que les habría quitado en ese momento el ex DAIA, era que en el acto aniversario del día siguiente no se hicieran manifestaciones en contra de la investigación.

En el acto aniversario, sin embargo, ocurrió lo contrario y tras un fuerte discurso de los familiares contra el Gobierno Nacional, Beraja fue a pedir disculpas a la Casa Rosada.

La denuncia
A preguntas del fiscal, Lifschitz detalló también las consecuencias que sufrió por haber hecho pública su denuncia.

“El juez no seguía las pistas que yo le daba y me fui dando cuenta que él era una parte más del encubrimiento”, dijo y explicó que fue por eso que decidió renunciar a pesar de que le ofrecían, para que no se fuera, trabajar desde otro lugar o hasta un puesto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La idea de denunciar públicamente en Argentina lo visto y escuchado durante más de dos años, según contó, se le hacía imposible y por eso decidió vender todo y viajar a Estados Unidos. “Galeano era dios y tenía el amparo de la DAIA, el periodismo, todos. Era imposible hablar acá de la investigación por mi seguridad”, advirtió.

Durante los seis meses que vivió en el país del norte, Lifschitz escribió un informe detallado del caso y firmó un contrato de confidencialidad con dos personas para que hicieran público el manuscrito si algo le sucedía. “No puedo decir los nombres pero una de esas personas es hoy ministro del actual gobierno”, expresó.

El texto lo entregó después en la Comisión Bicameral que seguía el caso AMIA pero se lo rechazaron: “Melchor Cruchaga (diputado) me dijo que era una bomba y no lo aceptó sino hasta que apareció en televisión en el programa de Rolando Graña”.

Más adelante, en el 2000, ese informe se publicó en formato libro, aunque ninguna editorial quiso tomar el caso: “Tuve que publicarlo yo con mi esfuerzo porque las editoriales no querían. Por ejemplo, Planeta me decía que tenían un compromiso con la DAIA”, recordó.

Con la denuncia ya pública, las consecuencias no tardaron en llegar: “Un disparo en la esquina de mi casa y otro día a un custodio que me salvó la vida; una carta bomba; mensajes que advertían que me escuchaban; un secuestro de 45 minutos para escribirme “AMIA” en la espalda y quemarme números en los brazos”.

El croquis
Por último, Lifschitz señaló en un plano dibujado del juzgado y la secretaría dónde se encontraban las cámaras de video, los monitores y su escritorio, desde el cual dice haber visto a agentes de la SIDE como Alejandro Brousson escuchando la negociación entre Carlos Telleldín y Galeano o a Rubén Beraja.

“Todos sabían que se negociaba un pago”, expresó haciendo círculos en la pequeña habitación donde unos seis empleados trabajaban junto al despacho del ex juez. Y concluyó: “Entiendo que puedan tener temor pero todos los prosecretarios sabían lo mismo que yo”.

El relato continúa el jueves a las 10.30.