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Audiencia N°115 – 27/11/2017

by mactiva with No hay comentarios
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La primera audiencia de la semana del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó hoy a las 10.30 con el alegato de los integrantes de la Unidad Fiscal, quienes se refirieron a la privación ilegal de la libertad de los ex policías bonaerenses que fueron acusados por Juan José Galeano y son querellantes en esta causa.

 

La fiscalía en voz de Roberto Salum dio por probado que las detenciones de policías bonaerenses (algunos estuvieron más de ocho años presos) a quienes se los acusó de participar del atentado, fueron ilegales y construidas de forma deliberada en base a pruebas falsas y, en especial, a una declaración indagatoria acordada con Carlos Telleldín a cambio de 400 mil dólares.

 

Para explicar su acusación, los fiscales hicieron hincapié en la falta de pruebas tanto en los pedidos de detención de los efectivos bonaerenses que realizaron Eamon Mullen y José Barbaccia, como en los autos de procesamiento dictados por el entonces juez Galeano contra quince policías, en particular Juan José Ribelli, Ireneo Leal y Raúl Ibarra, mencionados por Galeano y Telleldín en sus reuniones como quienes se habrían llevado la Trafic. De los efectivos restantes, seis fueron procesados con prisión preventiva.

 

Al repasar todas las presentaciones realizadas por los funcionarios del poder judicial encargados de la investigación, la fiscalía concluyó que los elementos que se tomaron para sustentar la declaración comprada de Telleldín “no cerraban ni cierra” y que la información de la que se disponía se usó de manera “tendenciosa”. Es decir, “lo que no cerraba con la historia oficial, se suprimía”.

 

Eso ocurrió con, por ejemplo, los dichos de los testigos tanto aquellos previamente preparados por Telleldín como otras personas que declararon en la causa sobre las extorsiones y secuestros que los efectivos de las brigadas de Lanús y Vicente López realizaban con cotidianeidad.

 

Sin embargo, aquello sólo probaba delitos de la policía que nada se relacionaban con el atentado y que, de haber actuado a derecho, Galeano debió haber trasladado a la jurisdicción correspondiente, ya que no era competencia de la justicia federal.

“En concreto, sobre el 10 de julio de 1994 (día de la entrega), el exjuez y fiscales no mencionaron ni de pasada, un elemento que probara el involucramiento de Ibarra y Leal en la entrega de la camioneta”, sostuvo el fiscal Roberto Salum.

 

Así, por ejemplo, de los dichos de una misma persona, el exjuez tomó como cierto sólo lo que le convino, dejando de lado otras cuestiones que desmentían la versión oficial. Lo mismo hizo con la información sobre el entrecruzamiento de llamados entre Telleldín y los ex policías, quienes tenían celulares a nombre de Ribelli.

 

Según contó el fiscal, las empresas de telefonía, en un primer momento, proporcionaron información plagada de “errores groseros” notables a simple vista. Sin embargo, según probaron hoy al mostrar los listados de los llamados en pantalla,  el exjuez eligió aprovechar esa situación de carencia de información certera e interpretó a su gusto los datos para usarlos como prueba de cargo.

 

“Es claro que el material con el que se contaba no tenía certeza. Estamos convencidos de que a partir de los datos enviados por Movicom, era imposible conocer con certeza si Ribelli o quien usaba las líneas a su nombre, se llevaron la camioneta”.

 

En definitiva, Galeano usó la información recortada, omitió mencionar unas cuarenta y ocho comunicaciones de los policías mucho después del día de la entrega de la Trafic en las inmediaciones de la casa de Telleldín y “plasmó una explicación absurda para interpretar los resultados de modo tal que Ribelli quedara involucrado”.

 

Recapitulando en cuanto a las principales irregularidades deliberadamente llevadas a cabo por Juan José Galeano:

El ex magistrado sabía que sus conversaciones informales con Telleldín no eran lícitas, que no constaban en la causa ni se llamó al abogado defensor para que esté presente.
Menos legal aún era negociar un pago con dinero de las arcas del Estado por una declaración que incluyó nombres y fotos que el mismo juez y sus secretarios le proveyeron al imputado.
Galeano consignó datos falsos en el auto de procesamiento, elementos analizados fuera de contexto y de manera tendenciosa.
Ocultó que Telleldín y los testigos que él llevó para sustentar sus dichos, hablaban a cambio de dinero y, por el contrario, dijo que el cambio de versión respecto a una inicial, se debió a “miedo” de Telleldín por su seguridad. Nada explicó acerca de las razones de la repentina falta de temor a la hora de declarar contra los policías.

Toda esa falsedad, dijeron los fiscales, “habla de cuál fue la actividad del ex magistrado en quizá el más importante resolutorio que dicta un juez de instrucción”.

 

Y, concluyeron, “es la maniobra más escandalosa de la que este Ministerio Público Fiscal tenga registro. Una falsedad de esta magnitud quedó plasmada en un acto procesal emitido por un juez de la nación y las consecuencias para los imputados están a la vista y aquí se están juzgando”.