MEMORIA ACTIVA


NOVEDADES

Audiencia N°116 – 30/11/2017

by mactiva with No hay comentarios
Etiquetas: , , ,

En una nueva audiencia del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, los fiscales continuaron su alegato enfocado en las privaciones ilegales de la libertad a los ex policías bonaerenses, involucrados con elementos falsos -como lo fue una declaración comprada a Carlos Telleldín- con el atentado.

 

En esta oportunidad, el fiscal Roberto Salum le sumó a su exposición anterior las coacciones ejercidas sobre los policías para que mintieras en sus declaraciones e involucraran a Juan José Ribelli con la Trafic que vendía Telleldín en julio de 1994.

 

A partir de los testimonios de los agentes de la Bonaerense que se vieron implicados en la causa AMIA, los fiscales dieron por probado que tanto el entonces juez Juan José Galeano como sus enviados el comisario Luis Vicat, el abogado y luego subsecretario de Seguridad bonaerense Federico Domínguez y la abogada de uno de los policías Marta Parascándalo, presionaron a los agentes con amenazas y ofrecimientos de libertad y dinero para que cambiaran su declaración indagatoria contra Ribelli. Por esta razón, los tres últimos fueron imputados en un segundo tramo de la causa encubrimiento y esperan un juicio oral, a excepción de Domínguez por haber fallecido.

 

Uno de los puntos tal vez más relevantes de esta concatenación de hechos por demás irregulares, señaló la fiscalía, era que aún con las presiones y ofrecimientos a los ex policías -que iban desde la libertad hasta dinero y una nueva vida en el exterior- Galeano y los suyos no lograron generar pruebas certeras sobre el atentado.

Débora Kirnos, Dibujos Urgentes en el juicio encubrimiento 2015-2017

Débora Kirnos, Dibujos Urgentes en el juicio encubrimiento 2015-2017

 

 

En bloque

Tal como señaló el Ministerio Público, todas estas irregularidades se cometieron con el conocimiento de Eamon Mullen y José Barbaccia, exfiscales del caso, dado que las constancias de, por ejemplo, entrevistas de la querella de la DAIA con uno de los policías grabada en secreto, aparecían en el expediente.

 

“Se evidencia, y sin matices, la actuación conjunta entre Galeano y los ex fiscales”.

 

Esa labor en tándem también se logró comprobar al analizar los pedidos de elevación a juicio de la fiscalía que llevaba la pesquisa y el de Galeano.  En ambos casos, los funcionarios hicieron un uso arbitrario, falaz y a conveniencia de la “historia oficial”, dándole validez a testimonios que eran con facilidad desmentidos por la prueba y omitiendo la información que no era coherente con la culpabilidad de los policías.

 

Es el caso de un testigo que dijo haber visto a Ribelli en una Trafic blanca el día de la supuesta entrega, fecha que, lo sabían en el juzgado y constaba documentación en la causa, el comisario de Lanús se encontraba en Foz de Iguazú. O los dichos de un empleado de la concesionaria de Ribelli que declaró haber visto a su jefe salir en su auto Chevrolet Monza una noche de julio de 1994 atrás de una Trafic blanca, cuando ese auto había sido comprado recién un año después.

 

De declaraciones como estas, no sólo se omitieron las partes que desmentían la imputación sino que además, a conciencia de que describían hechos falsos, se incluyeron como pruebas de cargo contra Ribelli en el auto de elevación a juicio.

 

Lo mismo ocurrió con el listado de líneas telefónicas a nombre de Ribelli entregados por la empresa de telefonía en 1996, de donde surgía confusamente que las personas que usaban esos teléfonos habían estado cerca de la casa de Telleldín en julio de 1994.

 

Esa información fue dos años más tarde modificada por la compañía, ente que entregó al ex juez el listado con los errores del informe anterior y las locaciones correctas, que demuestran que los llamados en realidad se habían hecho en zonas alejadas del barrio donde vivía el vendedor de autos.

 

“Ninguna de las 34 llamadas usadas por Galeano en los autos de procesamiento (de los policías) había impactado en la celda de Telleldín”, y sin embargo, estando éstos detenidos preventivamente hace ya tres años, el instructor se tomó otro año más para investigar los errores. “El trámite de la causa siguió como si nada hubiera pasado y recién en 1999 le pidieron explicaciones a la empresa”.

 

Según anticipó el fiscal, otras cuestiones como las mencionadas hoy serán tratadas la próxima audiencia y, al finalizar el tema, comenzará a alegar acerca del desvío de la llamada pista siria, que involucró como sospechoso del atentado a un allegado a la familia del ex presidente Carlos Menem.