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Audiencia N°119 – 21/12/2017

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Finalmente la fiscalía del juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA concluyó su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y pidió penas para doce de los trece imputados. Lo hizo en la última audiencia del año del debate oral y público que continuará el primero de febrero a las 10.30 con los alegatos de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.Luego de un exhaustivo repaso por la causa instruida por el ex juez Juan José Galeano y sus incontables irregularidades, los fiscales cerraron con seriedad y argumentos claros el alegato con el que, en su opinión, quedaron probados en su mayoría los delitos planteados por la acusación.

En base a ello, es que pidieron las penas agravadas por la ya confirmada categorización del atentado a la AMIA como delito de lesa humanidad, lo que hace a su encubrimiento un delito a las claras conexo al que se le deben aplicar las mismas reglas.

Además, destacaron la violacion de los imputados por encubrimiento al derecho de las victimas y de la sociedad toda a saber la verdad de lo ocurrido y al castigo a los culpables.

Si bien desde la querella de Memoria Activa nos permitimos discrepar en algunos puntos de la acusación fiscal, no por ello dejamos de reconocer la labor seria y comprometida que la fiscalía demostró a lo largo del juicio.

Las penas

Para el ex juez Juan José Galeano, la fiscalía pidió trece años de prison e inhabilitación perpetua por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, violación de medios de prueba, partícipe necesario del delito de peculado y autor de la privación ilegítima de la libertad de los policías bonaerenses.

Para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia la fiscalía pidió se los condene a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua por privación ilegal de la libertad de los ex policías, coacción agravada y por el delito de peculado, todo en calidad de partícipes necesarios.

A Carlos Menem, consideraron, se lo debería condenar a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años. Esto por el delito de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por otro lado, pidieron al tribunal condene a Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE, a seis años por los delitos de peculado y encubrimiento en calidad de partícipe necesario, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En un sentido similar, para su segundo, el exalmirante Juan Carlos Anchezar, subsecretario de la SIDE, los fiscales consideraron correcto pedirle tres años de prisión e inhabilitación por seis años por participar del encubrimiento, ser coautor del delito de falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A Carlos Castañeda, ex jefe del Departamento de Protección al Orden Constitucional, le pidieron tres años de prisión e inhabilitación por seis debido al delito de falsedad ideológica, encubrimiento como participe necesario, violación de medios de prueba, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En cuanto a Patricio Finnen, ex agente de la SIDE, quien participó del pago ilegal a Telleldín, se pensó corresponde la pena de dos años de prisión por participar justamente del delito de peculado.

Para Ana Boragni, ex pareja de Telleldín, quien cobró el dinero de la SIDE, según la fiscalía le caben dos años de prisión como partícipe necesaria del peculado. En tanto por el mismo delito, a Carlos Telleldín y a Víctor Stinfale, su entonces abogado, le caben tres años y seis meses.

Finalmente, al ex presidente de la DAIA, en opinión de la fiscalía, le cabe un año de prisión por ser partícipe secundario del peculado  y a Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal, le cabe la absolución de todos los delitos.