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Audiencia N°120 – 1/2/2018

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La feria judicial terminó y comenzó un nuevo año para el debate oral y público que desde el 6 de agosto de 2015 se lleva a cabo en la sala AMIA del subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002, ante el Tribunal Oral Federal 2.

 

El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se reanudó con la presencia de doce de los trece imputados ya que, como de costumbre el ex presidente Carlos Menem pegó el faltazo. De todas maneras, lo relevante del día fue la demostración de aquello que desde Memoria Activa venimos denunciando abiertamente: el acercamiento de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los imputados, un encubrimiento a los encubridores.

 

El viraje hacia la impunidad por parte del gobierno nacional fue denunciado ya en marzo de 2017 por la abogada Mariana Stilman (del riñón de Carrió), contratada por el Ministerio de Justicia para llevar adelante la querella bajo la nueva gestión. Ayer fue el turno de otro abogado, Enrique Ventos, parte del trío que suplantó a Stilman cuando renunció el año pasado por las presiones recibidas.

 

Según pudimos saber esta mañana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ordenó se separe a Ventos de la querella ya que leería el alegato en el que hace meses trabajan, el cual acusa en línea con la Unidad Fiscal (pidieron penas para todos los imputados menos para Jorge Palacios). El funcionario estaba a las claras en desacuerdo con ese escrito, ya que ponía en aprietos a sus allegados, los aquí imputados ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (ex empleados de Sbase contratados por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno y compañero, en el caso de Barbaccia, de Garavano en el Juzgado 4 en los noventas).

 

Por esto, el abogado restante José Console (secretario del Tribunal de Disciplina de Boca) cedió a las presiones del Ministro y armó, tras lo que pareció un muy apurado recorte del alegato consensuado en la Unidad AMIA, el texto que empezó a leer hoy, en el cual pidió la absolución para los ex fiscales.

 

Console leyó con gran énfasis sus argumentos para salvar a Mullen y Barbaccia “cumpliendo -dijo- expresas instrucciones de las autoridades”. Su tono de voz y la fluidez en su lectura daban a entender que fue él el autor de ese tramo del alegato y que buscaba, más que pedir una absolución, directamente ejercer la defensa de los imputados.

 

Sobre sus argumentos basta decir que fueron forzados, falaces, sacados de contexto, completamente arbitrarios y hasta contradictorios con lo expuesto una hora antes respecto a otros imputados, como Carlos Menem o Hugo Anzorreguy para quienes pidió al Tribunal se los condene por el delito de peculado (malversación de fondos públicos).

 

Esa acusación la repitió también para Rubén Beraja, Patricio Finnen, Carlos Telleldín, Ana Boragni y Víctor Stinfale omitiendo la responsabilidad, por supuesto, de los ex fiscales. Pareció, según lo expuesto, que en la previa y el durante de la operación del pago ilegal de 400 mil dólares al doblador de autos, Mullen y Barbaccia estuvieron de vacaciones.

 

“No existe prueba que acredite de forma fehaciente que Mullen y Barbaccia hayan tenido conocimiento del pago”, dijo y agregó: “Hay una duda razonable respecto a que los ex fiscales hayan visto los videos. Los testigos sólo afirmaron deducciones”.

 

En conclusión, esas “sospechas” sobre los imputados ex representantes del Ministerio Público Fiscal, según Console, “no es posible arribar a una conclusión respecto a la colaboración que los ex fiscales pudieron haber prestado en la consumación del hecho”.

 

La gravedad del asunto

En primer lugar, debemos resaltar la gravedad que conlleva que un ministro de Justicia, claramente a último momento, tome una decisión de estas características: un giro de 180 grados respecto de imputados cercanos al poder, pasar de acusarlos a pedir por su inocencia.

 

Pero además, no podemos dejar de decir que el escándalo que encabeza Garavano no nos sorprende. Lamentablemente, los familiares llevamos más de 23 años luchando y con ello hemos tenido que denunciar a todo aquel que, en incumplimiento de su deber ético y profesional, actuó en sentido contrario a la verdad y a la justicia.

 

Este nuevo encubrimiento a los encubridores se suma hoy al cúmulo de hechos vergonzosos de calibre institucional que han ocurrido desde el inicio de la causa AMIA y que enturbian más el proceso.

 

En este sentido, una sentencia arbitraria en el marco de una actuación tan grosera como la descrita, sin duda nos obligará, una vez más, a recurrir a instancias superiores de revisión de todo lo actuado, instancias tanto locales como del Sistema Interamericano, donde de hecho se mantiene abierta nuestra denuncia.

 

No olvidemos que nuestros reclamos han trascendido a todos los gobiernos y que tenemos experiencia en alzar la voz y no quedarnos de brazos cruzados ante funcionarios y tribunales permeables, que buscan poner a prueba nuestra perseverancia al intentar abrochar la impunidad.

 

La discusión no termina acá y estamos dispuestos a agotar todas las instancias para que se condene a quienes cometieron los delitos en la causa AMIA y su encubrimiento, que son tan imprescriptibles como nuestra lucha.

 

Justicia, justicia perseguiremos.