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Audiencia N°121 - 8/2/2018

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El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se reanudó con un nuevo tramo del alegato de la querella del Ministerio de Justicia en el que, otra vez, bajo expresas órdenes de Germán Garavano, el abogado José Console argumentó con arbitrariedad su pedido de absolución para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

 

En coherencia con la jornada anterior del debate oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2, Console hizo un uso reiterado de la frase introductoria “en cumplimiento de las instrucciones de nuestro mandante” y, con ello, volvió a enumerar la gran cantidad de delitos cometidos por el entonces juez de la causa Juan José Galeano sin mencionar siquiera a los ex titulares de la fiscalía que tuvo asignada la causa AMIA.

 

Tal es así, que desarrolló la coacción y privación ilegítima de la libertad ejercida por Galeano sobre Miriam Salinas, allegada a la familia Telleldín, a quien se detuvo, presionó e imputó por el atentado sin ninguna prueba, para, días después, tomarle declaración como testigo de identidad reservada, cuando su falta de mérito no se encontraba firme.

 

En todo ese proceso que duró desde el 2 de octubre de 1995 hasta el 6 de octubre del mismo año, en el que Galeano incurrió en serios delitos de los que dejó clara constancia en la causa, para el Ministerio de Justicia los ex fiscales Mullen y Barbaccia no tuvieron ningún tipo de participación.

 

Para explicar su pedido de condena a Galeano, el Ministerio dio por ciertos los dichos de Salinas respecto a su detención ilegal, las presiones que recibió para inculpar a Telleldín y para luego colocar dispositivos de grabación en su casa que pudieran registrar conversaciones con la pareja del doblador de autos, Ana Boragni.

 

Sin embargo, a la hora de explicar que los ex fiscales no tuvieron responsabilidad alguna en esos hechos, Console sostiene que la misma Salinas mintió al decir que Barbaccia estuvo presente en alguna de las audiencias que se mantuvieron en el juzgado.

 

“No se comprobó que estuvieran en la audiencia de Salinas y no es suficiente que hayan ocurrido en sus establecimientos”, explicó el abogado respecto a una de esas reuniones grabadas que, según surge de la causa, se realizó en el despacho de un fiscal.

 

El representante del Ministerio de Justicia, de manera breve y arbitraria, sostuvo a su vez que Mullen y Barbaccia tampoco tuvieron responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de los ex policías bonaerenses Ribelli, Leal, Ibarra y Bareiro, delito en el que, en su opinión, sí incurrió Galeano bajo pruebas que él sabía falsas.

 

“Existen sobradas dudas razonables que impiden concluir que los imputados (Mullen y Barbaccia) hayan tenido conocimiento de la ilegalidad de la prueba incorporada al proceso por Galeano con el propósito de relacionar a los imputados con el atentado”.

 

Como si nada le faltara al bochorno, en medio del alegato que Console leyó desde su computadora, el apoderado de la querella Horacio De Filippo, sentado a su lado, le pasó una hoja para que intercale en su lectura un párrafo que agregaba de manera forzada una mención al fallecido fiscal Nisman. Sus palabras se referían a la pista siria, la cual -dijo- “no es excluyente de la iraní”, lo que según Console, sostienen “algunas querellas” (desconocemos cuáles), y que esa investigación es la que de hecho “le costó la vida al fiscal Alberto Nisman”.

 

Luego de ello, continuó desarrollando la participación de Carlos Menem y Juan José Galeano en el desvío y encubrimiento de dicha pista que el ex presidente ordenó interrumpir porque apuntaba a su amigo Alberto Kanoore Edul, de vínculos con Moshen Rabbani.

 

Por último, previo a finalizar la audiencia, los abogados de las querellas de los ex policías bonaerenses y Memoria Activa acompañados por la fiscalía, pidieron que José Console aclare si, tal como se difundió a través de los medios de comunicación, está o no habilitado como abogado siendo que cumple al mismo tiempo funciones en el Consejo de la Magistratura de la CABA. “El interés es evitar un escándalo más que se sumaría a lo que ya es público y notorio”, dijo Rodrigo Borda, de Memoria Activa.

 

Frente a este pedido, el abogado del Ministerio explicó que está habilitado porque su función “es administrativa no jurisdiccional como secretario letrado de Silvia Lorelay Bianco (miembro titular del Consejo)”, y expresó que sintió lo sucedido como “tamaña agresión, cuestión que ha invadido mi ámbito personal y el de mi familia”.

 

Por otra parte, Juan Manuel Ubeira, en representación de la querella de los ex policías, pidió sin éxito que el Tribunal pida a la Oficina Anticorrupción la copia de la denuncia realizada en abril del año pasado por la diputada Elisa Carrió acerca del cambio de rumbo de la querella que lidera Germán Garavano. Y requirió también se entregue a las partes copia del alegato del Ministerio de Justicia para ser enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente del TOF, Jorge Gorini, le hizo saber que el escrito estará a disposición.

 

El debate se reanuda el jueves 15 de febrero a las 9.30.