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Audiencia N°123 -22/2/2018

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La audiencia en la que le tocó el  turno de alegar a la querella de los ex policías bonaerenses, comenzó con la lectura por parte del Tribunal Oral Federal 2 de una resolución acerca de la habilitación o no del abogado José Console para representar a la querella del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos.

 

El Tribunal resolvió “apartarlo” y dejar sin efecto la designación del abogado, hoy ausente, quien fue el encargado de leer semanas atrás el escandaloso alegato ordenado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en el que pidió, de manera arbitraria y desprolija, la absolución para los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia.

 

La decisión se debe a que, según la legislación vigente, el cargo de Console como secretario letrado en el Consejo de la Magistratura de la CABA ”resulta incompatible” con su función en este juicio.

 

La decisión la tomaron los jueces Jorge Gorini (presidente del TOF) y Néstor Costabel mientras que la jueza Karina Perilli votó que aún no había información suficiente para tomar la decisión. Los jueces, además, anticiparon que remitirán el caso al Colegio de Abogados, al Consejo de la Magistratura porteño y a la Oficina Anticorrupción.

 

La decisión, sin embargo, no alcanza al alegato que Console preparó, el cual fue aceptado por los jueces y considerado legítimo por haberse encontrado siempre el apoderado de la querella Horacio De Filippo.

 

El alegato de los ex policías

El abogado de la querella de los ex policías, Juan Manuel Ubeira, comenzó su presentación con un recorrido pormenorizado de la trama encubridora desde su inicio hasta el día de hoy.

 

El abogado que representa a los ex policías, quienes estuvieron hasta ocho años en prisión como partícipes necesarios del atentado por orden del ex juez Juan José Galeano, le contó a los jueces acerca de las numerosas irregularidades con las que se encontró al ingresar a trabajar en la causa, a fines de 1999, como defensor de quien ya era señalado como el líder de la banda de policías partícipes del atentado, Juan José Ribelli.

 

Principalmente cargó contra el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y contra el ex presidente Carlos Menem, responsable con su actuar al frente del PEN “por los 107 muertos de los dos atentados terroristas ocurridos en el país”.

 

También le advirtió a los jueces acerca del “irremediable escándalo jurídico” que conllevaría apartarse, con su sentencia, del largo camino recorrido en la búsqueda de justicia, tanto con lo fallado por la Corte Suprema de Justicia, la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pronunciamiento del Ejecutivo en 2005, a través del decreto 812, en el que el Estado se hizo responsable por no haber evitado el atentado ni haber garantizado justicia.

 

Ubeira habló también acerca del funcionamiento de tipo “corporativo” de la Justicia Federal, que respaldó y consintió de alguna manera el accionar delictivo del ya destituido juez Galeano. “Si el video no se hacía público, los policías posiblemente hubieran sido condenados a perpetua”, expresó en referencia a la grabación que se hizo pública en la que se ve a Galeano negociar una declaración falsa y un pago con el imputado Carlos Telleldín, quien terminaría por acusar a los ex policías bonaerenses a cambio de 400 mil dólares.

 

Por otra parte, desarmó con un simple “cuestión de mirar el calendario” el argumento tan repetido por muchos de los imputados del juicio respecto a la existencia de una “conspiración k” que los llevó al banquillo de los acusados. Y definió como un “agravio” al libro encargado por la DAIA llamado La Denuncia, escrito por reconocidos abogados con el material de la causa que la dirigencia comunitaria judía les entregó en ese entonces.

 

“No sabían sobre qué era la causa. Lo escribieron en base a la parte que les dio la DAIA y hasta Gil Lavedra (uno de los que lo firmó) lo admitió bajo juramento en el jurado de enjuiciamiento de Galeano”, dijo Ubeira sobre el escrito que el imputado Rubén Beraja presentó en reiteradas ocasiones como prueba de una supuesta preocupación por la falta de avances en la causa.

 

Finalmente, el representante de la querella de los ex policías explicó que, en línea con su posición inicial, no pedirá la acusación para Carlos Telleldín y  su entonces pareja Ana Boragni, ya que entiende que la recepción del soborno de 400 mil dólares se dio en un marco de coacción hacia el imputado y su familia.

 

En la misma línea, anticipó que pedirá la absolución para quien era abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, ya que si bien estuvo presente en la operación de pago, “fue satisfactoria la explicación que dio el imputado en el juicio respecto a que no conocía el origen de los fondos. Hay una duda razonable sobre su comportamiento”.

 

El alegato sigue este lunes 26 a las 10 en el subsuelo de los tribunales federales.