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Juicio político a Garavano

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Por qué Garavano contribuyó al encubrimiento del atentado a la AMIA

Desde Memoria Activa, enviamos esta semana información relevante a la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo del proceso de apertura de juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

 

Tal como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, el ministro de Justicia

contribuyó al encubrimiento del atentado a la AMIA en el marco de una maniobra escandalosa y de enorme gravedad institucional que requiere su tratamiento por parte de la Comisión de juicio político, que impulsó la Coalición Cívica-ARI.

 

El ministro Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista, faltando a su responsabilidad de promover la búsqueda de verdad y justicia.

 

En primer lugar, efectuó presiones a los abogados apoderados de la querella del Ministerio de Justicia para que cambiaran su línea acusatoria en el juicio a una más alejada de los familiares de las víctimas y más cercana a los acusados de encubrir.

 

En segundo lugar, horas antes de que el Ministerio presentara su alegato final en el juicio y acusara a todos los imputados, Garavano removió al abogado a cargo y puso en su lugar a un letrado inhabilitado afín a sus amiguismos.

 

Así, desprolija y escandalosamente, la querella del Ministerio defendió y pidió la absolución de dos de los imputados por encubrir, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, cuya responsabilidad en el caso es innegable según las pruebas, las querellas, la fiscalía y a los profesionales del Ministerio de Justicia que trabajaron en la causa.

 

Tanto el ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio, Mario Cimadevilla, como los abogados que participaron en el debate oral y público, los ex fiscales de la causa AMIA son culpables. Por ello, tras la maniobra irregular del Ministro, hicieron públicas sus posiciones contrarias al alegato presentado e incluso Cimadevilla, con el apoyo de la diputada Elisa Carrió, formalizó una denuncia penal contra Garavano por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, cohecho y encubrimiento.

 

En tercer lugar, tras el escándalo, Cimadevilla fue removido de su cargo y el Ministro comenzó a desmantelar la Unidad AMIA, traspasando lo poco que aún queda de ella a manos del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al titular del programa Verdad y Justicia, Mariano Fridman, ambos ex funcionarios de la DAIA, quienes apoyaron su ya conocida posición también alejada de la justicia y defensista de los acusados, en particular de Mullen y Barbaccia y del ex presidente de la institución, Rubén Beraja.

 

En cuarto lugar, y como si todo lo anterior no fuese suficiente, son numerosas las audiencias del juicio oral en las que, sin ningún tipo de disimulo frente a los familiares de las víctimas, los asesores de confianza del ministro Garavano pasan a saludar muy afectuosamente a los imputados Mullen y Barbaccia.

 

En conclusión, consideramos que la querella del Poder Ejecutivo Nacional envió un fuerte mensaje político a las partes del proceso, al tribunal del juicio y a la sociedad altamente preocupante para las víctimas, quienes nuevamente nos encontramos con funcionarios inescrupulosos que anteponen sus propios intereses a los de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un mensaje que  resultará aún más preocupante si logra finalmente influenciar la decisión de los jueces.

 

El intento por parte del Ministro de obstaculizar la búsqueda de justicia implicaría, además, una violación de los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (decreto 812/05) en su obligación de buscar la verdad e investigar a los responsables del atentado y a sus encubridores.

 

Creemos que el sistema político en su conjunto debe abordar con grandeza el análisis y la discusión de toda cuestión vinculada con el atentado a la AMIA. La búsqueda de verdad y de justicia debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas de nuestro país al margen de toda especulación electoral o meramente coyuntural.

Lo actuado por el ministro Garavano profundiza y consolidar la infame situación de impunidad que padecemos y vigoriza la amarga frustración que lamentablemente nos producen las instituciones de nuestro país.

 

En este sentido, es que pedimos a los integrantes de la Comisión de Juicio Político tomen en consideración lo expuesto anteriormente y nos concedan una reunión a los familiares de las víctimas.

Nuevamente, a casi veinticinco años del atentado, exigimos verdad y justicia a las instituciones democráticas que esperamos, de una vez por todas, estén a la altura de las circunstancias.