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Carta al presidente Macri

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Sr. Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri

Los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la Asociación Civil Memoria Activa decimos basta de impunidad.

Tal como ya le informamos el año pasado en una carta abierta[1], el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, ha faltado a su responsabilidad de trabajar por la verdad y la justicia en el caso AMIA y es por eso que hemos enviado un informe[2] a la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo del proceso de apertura de juicio político contra el Ministro, impulsado por la Coalición Cívica-ARI.

Garavano ha contribuido con el encubrimiento del ataque terrorista con un escandaloso intento de salvar a imputados por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, quienes están siendo juzgados en un juicio oral y público.

El Estado argentino es querellante en la causa encubrimiento a través del Ministerio de Justicia y desde allí, con presiones a los abogados que trabajaban en el caso y con un desprolijo cambio de alegato a último momento, Garavano ordenó pedir la absolución de sus amigos los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia..

Frente a esta maniobra irregular, el ya removido titular de la Unidad AMIA (Ministerio de Justicia), Mario Cimadevilla, denunció penalmente al Ministro por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y cohecho.

El intento de obstaculizar la búsqueda de justicia implica una clara falta a las obligaciones de Garavano así como una violación a los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su obligación de buscar la verdad e investigar a los responsables del atentado y a sus encubridores.

A casi veinticinco años del peor ataque perpetrado en nuestro país y frente a un claro mensaje político enviado por Garavano a los jueces de la causa de suma gravedad, exigimos a las instituciones democráticas estén a la altura de las circunstancias y se hagan cargo, de una vez por todas, de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia.