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Audiencia N°167 – 22/11/2018

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El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continuó hoy con una de sus últimas audiencias. Si bien se suponía que, como es habitual, las partes acusadores tendrían posibilidad de ejercer su derecho a réplica y contestar especialmente las agresiones que los imputados realizaron a los familiares en sus alegatos y otros elementos nuevos, el Tribunal Oral Federal 2 decidió limitar las respuestas a dos temas menores a responder en máximo quince minutos

 

La fiscalía, Memoria Activa y Apemia rechazaron la medida tomada por considerar que durante los alegatos surgieron otros temas relevantes y novedosos que las partes deberían poder contestar e hicieron reserva de casación y caso federal.

 

Además, Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, impugnó la medida y sostuvo que la decisión será transmitida también en la causa abierta contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Todas las partes acusadoras coincidieron en sus respuestas y rechazaron los únicos dos temas que los jueces Gorini, Perilli y Costabel permitieron mencionar: un planteo de Carlos Telleldín en el que pidió ser absuelto del delito de peculado a cambio de devolver el dinero cobrado a modo de soborno por parte del Estado argentino; y una solicitud del ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda para quedar afuera del proceso debido a que ya fue condenado por la desaparición de medios de prueba (66 casetes con escuchas telefónicas).

 

Respecto al pedido del acusado Telleldín, la querella de Memoria Activa instó al tribunal a ordenar el decomiso de los más de 400 mil dólares recibidos por el imputado de manera ilegal en el marco de una operación de la vieja SIDE y le recordó a los magistrados que pueden llevarlo a cabo incluso de oficio sin la solicitud de ninguna de las partes.

 

A su vez  y respecto a lo que ocurrirá la próxima audiencia el 6 de diciembre, Memoria Activa le pidió a los jueces que cumplan con la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual dispone “limitar razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en nuevos alegatos, indagatorias o derivaciones impertinentes”.

 

En la sala de audiencias estuvieron presentes los entonces abogados de la querella del Ministerio de Justicia, quienes renunciaron a sus cargos por presiones del ministro para cambiar la línea de la parte hacia una alejada de la búsqueda de verdad y justicia. También se hicieron presentes los diputados de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López y Paula Olivetto.