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Los encubridores siguen en sus puestos

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Para nuestra sorpresa, parte de los participantes de las maniobras encubridoras ejecutadas por el gobierno de Mauricio Macri en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continúan en funciones en la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hecho que repudiamos y exigimos se solucione prontamente.

 

A pesar de las reiteradas denuncias públicas sobre el encubrimiento macrista que hemos realizado y la escandalosa actuación al frente de la querella estatal del juicio por encubrimiento, los abogados puestos por el ex ministro de Justicia Germán Garavano, José Console, Miguel Inchausti y Horacio Di Filippo, siguen trabajando para dicha cartera en el caso AMIA. 

 

Son los mismos que, tras la orden del ministro de alejarse de la postura de la querella de Memoria Activa y otros familiares, se sentaron frente al Tribunal y actuaron en consecuencia.

 

Son los mismos que, sin que se les moviera un pelo,  leyeron un alegato desprolijo y vergonzoso que parecía una defensa de los encubridores más que una acusación.

 

Son los mismos que pidieron, siempre “en cumplimiento de expresas instrucciones de nuestro mandante”, la absolución del entonces comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios.

 

Son los mismos que, tras el pedido del gobierno tal como se prueba en el reciente audio de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, desistieron de acusar a los amigos ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, claros involucrados en el desvío de la investigación.

 

Frente a esto, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Por qué estas personas continúan trabajando en la causa AMIA en representación del Ministerio de Justicia? ¿Qué está esperando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para actuar según los intereses de la verdad y la justicia? ¿No hay acaso pruebas suficientes del vergonzoso actuar de estos empleados estatales?

 

Somos conscientes de que en el contexto de una pandemia hay numerosas urgencias que atender, pero seguir sosteniendo encubridores en puestos estatales es seguir sosteniendo la impunidad.

 

Esperamos y exigimos que las autoridades asuman su responsabilidad y demuestren que el Estado argentino, de una vez por todas, es capaz de estar a la altura de un reclamo ciudadano tan genuino y legítimo como el reclamo por verdad y por justicia.