La audiencia en la que le tocó el  turno de alegar a la querella de los ex policías bonaerenses, comenzó con la lectura por parte del Tribunal Oral Federal 2 de una resolución acerca de la habilitación o no del abogado José Console para representar a la querella del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos. (más…)

El alegato del escándalo, el de la querella del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, terminó hoy como lo anticipamos: con un intento de garantizar la impunidad. (más…)

La feria judicial terminó y comenzó un nuevo año para el debate oral y público que desde el 6 de agosto de 2015 se lleva a cabo en la sala AMIA del subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002, ante el Tribunal Oral Federal 2. (más…)

Los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la asociación civil MEMORIA ACTIVA queremos denunciar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones. (más…)

30/12/2015

Memoria Activa y el CELS instan al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó,  a garantizar la continuidad del proceso de desclasificación de archivos de la ex Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) relativos a la causa AMIA, y a preservar dicha documentación, de acuerdo al compromiso asumido por el Estado a través de los Decretos 812/2005 y 395/2015.

Carta al Ministro de Justicia y DDHH Germán Garavano

Carta a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó

Se llevó a cabo una reunión entre los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, nucleados en Memoria Activa, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el titular de la Secretaría AMIA, Mario Cimadevilla.

En la misma el Ministro se ha comprometido al total cumplimiento del compromiso asumido por el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmado en el Decreto 812/05.

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