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Gastón Chilier – Director Ejecutivo del CELS

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17 de julio 2015 – Plaza Lavalle

Hace 21 años, 85 personas murieron, cientos resultaron heridas, miles perdieron a sus seres queridos y toda la sociedad argentina fue atacada por el atentado terrorista más grave del que fuimos víctimas. Hoy, 21 años después seguimos sin saber quiénes fueron los responsables. Sin verdad, tampoco tenemos justicia.

Durante dos décadas, las maniobras para encubrir el atentado fueron exitosas. Los intereses políticos y económicos y la desidia de las instituciones estatales tuvieron una consecuencia trágica: la impunidad.

Desde el primer momento, la investigación judicial no avanzó sobre líneas que requerían ser profundizadas para dilucidar quiénes y por qué atentaron contra la sede de la AMIA. Luego, cuando se supo que habían existido acciones para bloquear la investigación de lo que había sucedido también hubo innumerables demoras y obstáculos en la investigación de quiénes y por qué encubrieron el atentado.

Integrantes de la justicia federal, de las agencias de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema político fueron parte de un engranaje que garantizó oscuridad sobre los hechos, impunidad para sus responsables, falta de justicia para las víctimas.

Los ejemplos sobran.

La audiencia para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano en el encubrimiento del atentando tardó seis años en hacerse. En la causa del encubrimiento, hubo fiscales que ni siquiera asistían a las audiencias, algunos de ellos hoy se llenan la boca con la independencia del poder judicial.

En 1995, el CELS decía en su Informe Anual: ¿No convertimos acaso también en escombros a los derechos humanos si impunemente se puede volar un edificio de nuestra comunidad sin que ello parezca provocar la debida reacción de parte de quienes deben prevenir, investigar y reprimir una masacre de este tipo? La bomba contra la AMIA, en este sentido, significó una objetiva muestra de las limitaciones que todavía acarrea nuestro sistema institucional”.

En 1999, Memoria Activa con el acompañamiento jurídico del CELS, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2005, el Estado nacional reconoció su responsabilidad internacional en la violación de los derechos humanos por no haber prevenido los hechos, por la denegación de justicia a causa del encubrimiento y por el incumplimiento del deber de investigarlos. En esa oportunidad el Estado se comprometió a informar a la población, investigar lo ocurrido, a prevenir su repetición, compensar los daños y reformar la ley de Inteligencia.

Esos compromisos comenzaron a cumplirse este año con la reforma del sistema de inteligencia y el inicio del juicio por el encubrimiento del atentado el próximo 6 de agosto, una causa que tardó 10 años en ser elevada a juicio, sin que eso significara una mejor investigación, y en la que se tardó tres años y medio en ponerle fecha de inicio al debate oral.

Hoy, 21 años después estamos ante la oportunidad histórica de resquebrajar el pacto que encubrió la verdad y promovió la falta de justicia. Y también ante la oportunidad de consolidar reformas que profundicen la democratización de las instituciones, entre ellas del sistema de inteligencia.

Llegamos hasta aquí por el trabajo constante de las y los familiares de las víctimas que desde el primer momento tuvieron el claro objetivo de exigir investigación y enjuiciamiento y que insistieron durante décadas, muchísimas veces en soledad, muchísimas veces golpeando puertas que nadie quería abrir.

Hoy, es necesario que el Poder Judicial esté a la altura de su responsabilidad de dar respuestas a las graves violaciones a los derechos humanos. Y es necesario que todos y todas acompañemos a las víctimas y sus familiares en este nuevo capítulo de su lucha por la justicia.