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Las presiones del Gobierno de Macri llegaron a los jueces

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La semana pasada, se hizo público parte del contenido del celular de Darío Nieto, secretario privado del expresidente Mauricio Macri, el cual sugiere un contacto con Karina Perilli mientras integraba el tribunal del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. En este sentido, y dado que la magistrada debe también juzgar un segundo tramo de la causa, es que pedimos su apartamiento.

Según las pericias informáticas, el teléfono de Nieto contenía el mensaje “Llamar lunes” a “Cozzi – mujer es la jueza de la AMIA, xq no lo cerró?” (sic) con fecha 12 enero de 2019, un mes antes de la sentencia del juicio oral y público, que cerró sin condenas para algunos imputados y penas sorpresivamente bajas para otros.

Para ese entonces, desde Memoria Activa ya denunciábamos las maniobras de presión para salvar a algunos acusados cercanos al macrismo, con aparición en la sala de audiencias de enviados del Gobierno y la eliminación, a último momento, de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de los pedidos de condenas realizado por la querella representante del Estado. Este hecho se evidenció, a su vez, con la difusión de un audio de la entonces vicepresidente Grabiela Michetti del que se desprende un pedido de evitar las condenas a Mullen y Barbaccia.

El mensaje de Nieto insinúa presiones al tribunal y es un elemento más del intento del Gobierno de Macri de evitar la condena a los encubridores amigos. Si hace dos años nos preguntábamos hasta dónde llegaron los intentos desde el Poder Ejecutivo para salvar a los amigos, hoy esa respuesta comienza a aparecer: hasta los mismísimos jueces.

El TOF 2, que integra Karina Perilli, aún debe juzgar otro tramo de la causa encubrimiento, en el que están imputados el excomisario de la Policía Bonaerense Luis Vicat (excolaborador de Galeano) y la abogada María Parascándalo (abogada de un eximputado en la causa AMIA) por coacción a testigos para que declaren a favor de la armada “pista policial”.

Si bien cabe la posibilidad de que la reacción de Perilli a las presiones haya sido éticamente correcta, no es posible despejar por completo las sospechas en relación a conversaciones irregulares y sus consecuencias, tanto en su momento como las que pudiesen venir en la próxima etapa de la causa encubrimiento.

Por lo tanto, en base a los datos objetivos de la nueva evidencia, sumado a las pruebas ya existentes y a que se trata de una causa trascendente que lleva más de 20 años manchada por las instituciones estatales y sus funcionarios, es que nos permitimos dudar de la imparcialidad de la jueza y pedimos su recusación.

En este contexto, aún seguimos esperando que la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal revierta las escandalosas la sentencia del TOF 2 y condene a los encubridores  con penas ejemplares.

La causa AMIA no soporta más desprolijidad ni mínimas sospechas de irregularidades. Las víctimas, los familiares y toda la sociedad argentina merecemos, de una vez por todas, un proceso justo y serio, que traiga verdad y justicia, y evite nuevos atentados y nuevos encubrimientos. Que evite la impunidad.