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Rechazamos el pedido de la UFI AMIA de sobreseer a los imputados

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En mayo pasado, Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, solicitó al juzgado que tiene a cargo la causa principal del atentado el sobreseimiento de algunos indagados en el proceso, sospechados de participar, en mayor o menor medida, de la conexión local del ataque terrorista. La presentación nos resulta vergonzosa, por lo que presentamos en septiembre el rechazo a la misma.

Se trata del pedido de dejar fuera de la causa principalmente a Alberto Jacinto Kanoore Edul, sospechado de haber vendido la camioneta utilizada como coche bomba, beneficiario del desvío de esta línea investigativa justo cuando, por orden de la Casa Rosada, se frustró un allanamiento clave en su domicilio.

La presentación de la fiscalía también afecta a Nassib Hadad, quien se cree se ocupó de los explosivos, y a otras diez personas sobre quienes aún no se ha terminado de investigar.

La fiscalía alega, en primer lugar, la falta de nueva evidencia contra los indagados tras una “exhaustiva” investigación que, a nuestros ojos, resulta una burla. La voluminosidad de un legajo no indica, necesariamente, la existencia de una investigación judicial exhaustiva y eficaz. La búsqueda de información que caracteriza a toda pesquisa seria y diligente tiene por objeto sacar conclusiones fundadas sobre la veracidad o no de la hipótesis criminal planteada. Amontonar papeles o enumerar medidas no implica haber obtenido información de calidad que permita sustentar definiciones certeras, como las que la ley procesal exige para sobreseer a un acusado, sobre todo en un caso de esta naturaleza.

Durante los últimos años, además, no se registraron medidas de prueba significativas y el único “movimiento” tuvo que ver con un supuesto “análisis” de archivos de inteligencia desclasificada utilizando un software que busca palabras clave (como “Kanoore Edul”, “Haddad”) y continúa con el descarte de la documentación, sin análisis ni revisión, si no contiene los términos buscados.

Por otro lado, la fiscalía afirmó que el sospechoso Haddad dice la verdad sobre su inocencia y lo sustenta afirmando que estaba mal hecho un peritaje que probaba la compra de una cantidad mayor a la necesaria de explosivos realizada por la empresa Haddad previo al atentado. Sin embargo, la UFI no fundó su afirmación ni incluyó elementos técnicos comparables al peritaje que rechaza.

Es claro que, en las condiciones planteadas, no puede considerarse que la conclusión de la UFI sea fruto de un análisis diligente y exhaustivo, sino que se trata de afirmaciones dogmáticas que encubren la ausencia de un trabajo de análisis serio y sistemático del material desclasificado, y buscan cerrar la causa AMIA cuanto antes, una investigación que, aún más de 27 años después, cuando se lleva a cabo debidamente, sigue molestando a muchos.

Rechazamos la solicitud de sobreseimientos a los imputados realizada por el fiscal Basso y aprovechamos, una vez más, para pedir se asigne un nuevo titular de la UFI a la altura de las circunstancias, y se concrete la remoción de Basso tanto por su parentesco con la encubridora María Luisa Riva Aramayo, como por los nulos avances en la investigación y la falta de seriedad en su labor, al punto de rechazar cualquier comunicación fluida con los familiares de las víctimas y continuar con el equipo y modalidades del exfiscal Nisman.