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Un juicio sin prueba nueva es un juicio sin sentido

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El Tribunal Oral Federal  3 absolvió nuevamente a Carlos Telleldin, acusado de ser partícipe necesario de los homicidios y lesiones provocadas en el atentado a la AMIA. Fue la segunda oportunidad en la que se juzgó a acusados de participar en el ataque terrorista que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos, y en ambas ocasiones el resultado fue el mismo: la absolución de todos los implicados. 26 años después, no hay ni un solo condenado (y ni siquiera procesado). 

La impunidad en el caso AMIA no sucedió espontáneamente ni es una fatalidad del destino. Se construyó de forma deliberada desde las más altas esferas del Estado (con el ex presidente Carlos Menem y su jefe de inteligencia), con la participación del juez y los fiscales encargados originalmente de investigar (Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia), y el apoyo de la dirigencia comunitaria judía (con Rubén Beraja a la cabeza). Por tal motivo, Memoria Activa promovió el juzgamiento y la condena penal a todos ellos y denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Y porque es siempre más de lo mismo, la acusación contra Telleldin en este nuevo juicio se basó, fundamentalmente, en lo actuado y decretado por los mismos funcionarios que encubrieron, los ex fiscales y el entonces juez (procesamiento del que Memoria Activa pidió su nulidad), y en el requerimiento de elevación a juicio firmado por el ex titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman. 

En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la primera absolución de Telleldín y ordenó continuar investigando su responsabilidad. Sin embargo, en todos estos años no se incorporó ninguna prueba nueva que permitiera modificar el resultado del primer juicio. Y si bien la UFI AMIA tuvo delegada esa investigación, sin haber trabajado en ella ni siquiera generar nuevo material probatorio, Nisman decidió requerir, otra vez, el juicio a Telleldin con la misma prueba con la que en el primer juicio ya se había decidido su absolución. ¿De qué sirvió ese fallo de la Corte? ¿Qué hizo la justicia en estos 11 años? Si no se dedica a investigar, ¿a qué se dedica el “Equipo Nisman” que actualmente conduce la UFI AMIA?  

Sobre estas bases, era poco y nada lo que se podía esperar de este juicio y su resultado solo puede ser una sorpresa para algún desprevenido. Por ello, oportunamente Memoria Activa decidió no participar de un proceso que sí contó, principalmente, con la activa intervención de la querella de AMIA/DAIA, tan pasiva en el juicio de encubrimiento del atentado. 

Las pretensiones de los acusadores fueron más que modestas. La acusación de los fiscales Salum, Eyerabide y Roldan (la acusación más seria y prolija, sin dudas) planteó, al menos, que Telleldin vendió la camioneta utilizada por los terroristas representandose que “podía ser usada como coche bomba”. Los fiscales enfatizaron que no lo acusaban de integrar la célula terrorista sino de haber actuado con “indiferencia y egoísmo” (sic).  Aún si se hubiera confirmado esa hipótesis, es evidente que eso no podría considerarse un “esclarecimiento del atentado terrorista”. Entonces surge la pregunta obvia: ¿Con este juicio pretendían cerrar la investigación del atentado?

Resulta reprochable la falta de colaboración de Telleldin con el esclarecimiento del atentado y conseguimos su condena por su acreditada participación en las maniobras de encubrimiento, pero eso no significa apoyar una pretendida condena sin prueba que acredite con certeza su participación deliberada en el atentado terrorista.   

El daño producido por las maniobras de encubrimiento parece a esta altura irreparable, y la absolución a Telleldín, un síntoma de ello. 
Sin embargo, continuaremos luchando para saber quiénes organizaron y ejecutaron el ataque  y para que se sancione adecuadamente a todos los artífices de esta oprobiosa impunidad que padecemos las víctimas y la sociedad en su conjunto. Para ello, resulta fundamental que los jueces de la Sala II de Cámara Federal de Casación Penal condenen con penas acordes a la gravedad de los delitos a todos los acusados en el juicio por el encubrimiento del atentado.